Las organizaciones Prisoner Defenders, Civil Right Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) anunciaron la tercera ampliación de su denuncia presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional contra el gobierno de Cuba y en la que acusan al gobierno de la isla de someter a “trabajos forzados” a los integrantes de las llamadas “misiones internacionalistas”.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la amplificación de la denuncia se basa en el testimonio de 1,111 profesionales cubanos, quienes bajo convenios de tipo mercantil entre el gobierno de Cuba y terceros países, se habrían visto obligados a “abandonar a sus familias durante años” y habrían sufrido “gravísimas violaciones de sus derechos humanos”.
El informe presentado sostiene que los hechos vendrían ocurriendo desde hace años y tendrían lugar en más de 100 países, siendo Venezuela la nación que tiene el número más elevado de testigos que ha participado en el informe, con 386 denunciantes.
De acuerdo con Voz de América, el texto contiene los testimonios de cubanos que trabajaban en MSC Cruceros, una de las empresas más grandes del sector, la cual contrataría a los marineros a través de la empresa cubana Selecmar.
Según Larrondo, los profesionales cubanos que integran la flota de la compañía italiana “percibirían únicamente el 20% de su salario y el 80% se lo llevaría el gobierno de Cuba”.
Por su parte, el gobierno de la isla no ha emitido una respuesta a las acusaciones, al menos no de forma directa, pues en las últimas horas el canciller Bruno Rodríguez Parrilla se dirigió al Secretario de Estado de EE. UU., que vinculó vinculó a Cuba con la trata de personas.
“Las acusaciones mendaces del Secretario de Estado de EE. UU. que vinculan a Cuba con la trata de personas buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional” escribió Rodríguez en Twitter.
