¿Temina el parole humanitario? 20 estados republicanos se oponen a la política migratoria de Biden

Una veintena de estados republicanos interpusieron este martes una demanda ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, contra la nueva política humanitaria establecida por la administración del demócrata Joe Biden bajo el «parole humanitario» mediante el cual entran de manera legal al país hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La demanda consta de 39 páginas y en ella se alega que el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), «bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso».

La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.

Los demandantes señalan en el escrito que el poder de libertad condicional del DHS es «excepcionalmente limitado» y ha sido restringido por el Congreso «varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».

A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalan que «el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen pueden obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan».

«El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo».

A su vez, insisten en alegar que el plan de Biden «equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros –unos 36,00 al año– a entrar a Estados Unidos, que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo».

«Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso», agrega el texto.