Este 20 de julio, en la sesión del Consejo de Ministros, el gobierno de España aprobó la Ley de Memoria Democrática, que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se glorifique el franquismo.
Aún queda que sea votado en el Congreso de los Diputados y lo temible es que reciba un fuerte rechazo desde la oposición que tiene a la cabeza a Vox y al Partido Popular.
El proyecto busca una mejora para complementar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el ejecutivo actual quiere subsanar sus carencias.
Pero dentro de las novedades está el establecimiento de dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española.
El otro supuesto es el de los hijos mayores que se les dio la opción de obtener la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que únicamente afectó a los hijos menores: «Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad».
De este modo, el mayor beneficio para los cubanos descendientes de esos españoles refugiados en Cuba luego de la difícil situación por la que atravesaba España hace varias décadas, es acceder a la nacionalidad española mediante dicha ley que viene a subsanar errores y omisiones en el proceso de otorgamiento de nacionalidad contenidas en la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Desde el partido gobernante que impulsa la ley se dijo que “el derecho a ser español y el afecto a un país va más allá de una bandera y una pulsera, de papeles y certificados, números y pasaportes”, por lo que una inclusión más amplia reivindicaría el derecho que tienen muchos de ser considerados como españoles.
Según la prensa española, estaba previsto que el texto fuese aprobado para su remisión a las Cortes en la reunión previa del Gabinete de Sánchez, aunque la remodelación en la que Calvo ha sido sustituida por Félix Bolaños en la Presidencia llevó al nuevo ministro a posponerla una semana más antes de su aprobación definitiva.
El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre, y durante la cual los grupos parlamentarios podrán proponer más modificaciones.
